Puesta en marcha de medidas de inmigración de Obama, detenida tras decisión de juez
17 Feb
by Foster, on News
Ya ha comenzado la batalla legal en torno a las medidas de suspensión temporal de deportaciones que el presidente Barack Obama anunció el pasado 20 de noviembre, luego de que el juez federal Andrew Hanen decidiera detener la implementación la acción ejecutiva de Obama sobre inmigración.
Aunque el gobierno federal está listo para apelar la decisión, también ha reconocido que por ahora queda suspendida la entrada en vigor del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la cual estaba programada para mañana miércoles.
Así lo señala Jeh Johnson, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que es la institución encargada de poner en práctica los programas de acción diferida.
“Esperamos vencer en las cortes y estaremos preparados para implementar DAPA (el programa de Acción diferida para las personas indocumentadas que son padres de niños nacidos en Estados Unidos o de niños que son residentes legales en el país) y el DACA expandido”, dice Johnson en una declaración escrita en la que expresa su descontento con la decisión de Hanen.
Por su parte, Josh Earnest, secretario de Prensa de la Casa Blanca, asegura en un comunicado que la ley y la jurisprudencia de Estados Unidos dan la razón a Obama en cuanto a su acción ejecutiva sobre inmigración.
“El Departamento de Justicia, catedráticos en Derecho, expertos en inmigración y la corte de Distrito en Washington, D.C. han determinado que las acciones del presidente respetan su autoridad legal”, señala la declaración de Earnest, al tiempo que añade que la decisión de Hanen impide la puesta en práctica de “políticas de sentido común”.
El anuncio más importante del gobierno federal, como indica Earnest, es que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, que está ubicada en Nueva Orleans, Luisiana.
Ese recurso es ahora el factor clave, según algunos expertos en leyes, ya que existen varias posibilidades, incluyendo que la corte de apelaciones anule provisionalmente la decisión de Hanen y, por tanto, autorice al gobierno federal a empezar a implementar DACA.
En este sentido, Geoffrey Hoffman, catedrático de Derecho Inmigratorio en la Universidad de Houston, destaca que lo importante es si “la corte de apelaciones (de Nueva Orleans) mantiene la orden judicial preliminar (de Hanen) o la anula, y eso es algo que veremos en los próximas días”, aunque Hoffman matiza que una decisión a este respecto también puede tardar “semanas”.
De la misma opinión que Hoffman es Charles Foster, que preside el bufete de abogados Foster LLP y es uno de los letrados de inmigración más veteranos de Houston, así como un firme defensor de la acción ejecutiva de Obama.
“Esto podría pasar muy rápido. Podrían ir a corte y pedir una audiencia para mañana. Podríamos tener una decisión dentro de pocos días o pocas semanas”, dice Foster respecto a una posible decisión de la corte de Nueva Orleans.
Para el abogado, además, lo importante es que hay suficiente tiempo para que haya una decisión “antes de la implementación de DAPA”, ya que el gobierno tiene programada su puesta en marcha en el mes de mayo.
Hanen detuvo en la noche del lunes la acción ejecutiva de Obama, que debía entrar en vigor el miércoles, en lo que representa una victoria para el gobernador de Texas, Greg Abbott, y para la demanda contra la medida presidencial presentada por Texas y otros 25 estados.
La decisión de Hanen, en Brownsville, no declaró que la acción ejecutiva del presidente fuera inconstitucional, pero dijo que no debe entrar en vigor mientras no haya una respuesta a ciertas cuestiones legales.
Sin embargo, tanto Hoffman como Foster, reconocen que los próximos acontecimientos dictarán si la batalla legal iniciada por Texas puede llegar a sus últimas consecuencias, es decir, que los estados demandantes se enfrenten al gobierno de Obama en la Corte Suprema. “Aún existe la posibilidad de un recurso ante la Corte Suprema”, afirma Hoffman a este respecto.
La comunidad reacciona
Durante la mañana han aflorado las reacciones locales a la decisión de Hanen. Annise Parker, alcaldesa de Houston, ha dicho por medio de un comunicado que está confiada en que el gobierno federal podrá poner en práctica los programas de acción diferida.
La declaración de Parker, que apoya la decisión de la Casa Blanca de presentar un recurso contra la decisión del juez, es importante porque ha sido uno de los alcaldes que recientemente presentaron una argumentación legal a favor de la acción ejecutiva en la corte de Hanen y también expresaron su apoyo a las medidas de Obama en una conferencia de alcaldes celebrada recientemente en Washington, D.C.
“La Casa Blanca va a apelar y tengo confianza en que esto será una demora provisional. Por esa razón, Houston continuará preparándose para implementar la orden del presidente. Los residentes que sean elegibles para DACA y DAPA deben seguir reuniendo su documentación, asistir a sesiones informativas y entrar en contacto con organizaciones confiables. Hay agencias que usarán esto como oportunidad para aprovecharse de quienes estén confundidos por lo que está ocurriendo, así que tengan cuidado con dónde piden ayuda. La Ciudad hará debutar mañana un nuevo sitio de Internet que proveerá información clara”, señala Parker en su declaración.
Los popularmente conocidos como dreamers, personas jóvenes que llegaron indocumentados a EE.UU. siendo niños, han sido los más directamente afectados por la decisión de Hanen, ya que el Servicio de Ciudadanía en Inmigración (USCIS) tenía previsto publicar mañana miércoles las formas correspondientes a la nueva versión del DACA, que cubriría a más indocumentados porque agranda el periodo de tiempo que el interesado debe haber vivido en EE.UU.
Cristina Jiménez, directora de la organización United We Dream, el grupo de dreamers más grande del país, señala que “la decisión del juez Hanen no es permanente y tenemos confianza en que será revertida por una corte superior”. “No nos asustan los ataques republicanos como los de esta demanda, sólo refuerzan nuestro foco en hacer estos programas más exitosos”, añade Jiménez en una declaración escrita.
“Estamos decepcionados porque el liderazgo de nuestro estado sigue malgastando los recursos del estado para hacer avanzar su propia agenda política”, dice César Espinosa, fundador y director ejecutivo de la organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), uno de los principales grupos de dreamers de Houston.
En el ámbito de reacciones de políticos de Texas, la senadora estatal Sylvia García, del Partido Demócrata, considera que la decisión del juez Hanen es “un paso atrás no sólo para la comunidad latina e inmigrante, sino para todo el estado de Texas”.
“Los 594,000 inmigrantes de Texas que se estima que se beneficiarían de la acción ejecutiva del presidente aumentarían los ingresos de Texas en concepto de impuestos en 338 millones de dólares durante los próximos cinco años, a la vez que crearían un aumento de beneficios a las economías locales”, agrega García.
Por su parte, la representante estatal Ana Hernández, del Partido Demócrata, señala que el fallo de Hanen tiene “poca base (legal)”.
También está habiendo reacciones a favor del fallo de Hanen. Así, el gobernador de Texas Greg Abbott, que fue quien presentó la demanda en diciembre pasado cuando aún era el fiscal general del estado, asegura que “la decisión del juez Hanen detiene correctamente el abuso de poder del presidente”.
Abbott añade que “vivimos en una nación gobernada por un sistema de chequeos y equilibrios y el intento del presidente de ignorar la voluntad del pueblo estadounidense fue exitosamente chequeado” por medio del fallo de Hanen.
Ken Paxton, fiscal general de Texas, afirma en una declaración que la decisión de Hanen “es un triunfo para la ley en Estados Unidos y un primer paso crucial para frenar el desorden del presidente Obama”.
“La acción del presidente, tanto unilateral como inconstitucional, fue una afrenta a todos que buscan una vida de libertad y oportunidad en Estados Unidos de la manera correcta. Esta orden de restricción hace claro que el presidente no hace la ley por sí mismo, y debe trabajar con nuestros líderes elegidos en el Congreso y satisfacer a las cortes de la manera que concibieron nuestros padres fundadores”, añade Paxton.
Bajo el liderazgo de Abbott, Texas y otros 25 estados han argumentado que Obama ha esquivado de manera inconstitucional al Congreso cuando tomó esta acción ejecutiva en noviembre para proteger de la deportación a alrededor de cinco millones de indocumentados en el país.
Esa cifra incluye a alrededor de 170,000 indocumentados en el Condado de Harris, que son un tercio de todos los inmigrantes en la región, y más de medio millón en otras partes de Texas, según un análisis de información de la Oficina del Censo.
Algunos estados han dicho que ellos tendrán que pagar los costos de proporcionar servicios a los indocumentados. Según datos analizados por el Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, D.C., casi la mitad de los potenciales beneficiarios de DACA y DAPA viven en los estados que han demandado al gobierno federal.