Texas intensifica su batalla legal contra las medidas de inmigración de Obama al abrir un nuevo frente
6 Mar
by Foster, on News
La batalla judicial del gobierno de Texas contra las medidas de inmigración del gobierno del presidente Barack Obama ha tomado un nuevo sesgo.
Ken Paxton, fiscal general de Texas, pidió el jueves al juez federal Andrew Hanen, quien tramita la demanda de Paxton contra la acción ejecutiva de Obama, que permita a su oficina pedir al gobierno información sobre los permisos de suspensión de deportación y autorizaciones de trabajo por tres años que, según admitió el propio gobierno, las autoridades inmigratorias ya han otorgado a beneficiarios del programa de acción diferida para jóvenes indocumentados creado en 2012 (conocido como DACA), el cual sólo concede permisos de dos años.
La posibilidad de extender los permisos a tres y no sólo dos años está contenida en las medidas de inmigración que Obama anunció el 20 de noviembre del año pasado.
Paxton alega que teóricamente el gobierno no iba a otorgar permisos de tres años antes del pasado 4 de marzo, cuando supuestamente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) iba a comenzar a procesar las solicitudes del nuevo programa de acción diferida, el cual no ha sido puesto en marcha debido a que fue suspendido por una decisión del propio juez Hanen.
En su petición a Hanen, el fiscal general texano apunta que el gobierno pudo haber engañado al juez y a los 26 estados que presentaron una demanda contra las medidas de Obama porque una de las abogadas del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), que representa en la demanda a la administración Obama, les dijo durante una teleconferencia que tuvo lugar el pasado 15 de enero que el USCIS no aceptaría peticiones del nuevo DACA antes del 18 de febrero y que no empezaría a tomar decisiones sobre dichas peticiones antes del 4 de marzo.
Paxton basa su petición en un documento que el Departamento de Justicia entregó a Hanen en el que reconoce que ha otorgado 100,000 permisos de acción diferida y autorizaciones de trabajo válidos durante tres años desde noviembre a personas indocumentadas que habían pedido el DACA por primera vez y a otras que habían solicitado la renovación de su estado de acción diferida en el marco del programa establecido en 2012, el cual sólo otorga permisos válidos durante dos años.
“En un aparente intento de implementar rápidamente el ilegal e inconstitucional plan de amnistía del presidente Obama, la Administración Obama parece que ya ha concedido permisos de trabajo, en contradicción directa con lo que le comunicaron a un juez federal previamente en este litigio. Las circunstancias detrás de esto deben ser investigadas y la orden que buscamos nos ayudará a determinar en qué medida la Administración podría haber inadecuadamente representado los hechos de este caso”, dijo Paxton en un comunicado.
Los permisos entregados suman 100,000
El DOJ entregó al juez Hanen el documento en el que reconoce que ha otorgado 100,000 permisos de acción diferida el pasado 3 de marzo.
En ese documento, los abogados del Departamento de Justicia sostienen que en un memorándum que Jeh Johnson, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), envió a León Rodríguez, director del USCIS, el 20 de noviembre de 2014 le dio instrucciones para otorgar permisos de acción diferida y autorizaciones de trabajo válidos durante tres años a las personas que los pidieran por primera vez y a quienes estuvieran pidiendo la renovación de sus permisos.
En su memorándum Johnson especificaba que USCIS debía otorgar permisos de tres años a partir del 24 de noviembre de 2014. Y en ese mismo documento es donde Johnson precisaba que USCIS debía publicar las formas para aplicar al nuevo DACA no más tarde de un período de 90 días a partir del 20 de noviembre, por lo que eventualmente el USCIS fijó el 18 de febrero como la fecha en que publicaría las formas.
Esa es la cuestión clave, ya que el argumento de Texas es que, al ser los permisos de tres años una característica del nuevo DACA, el gobierno no debía otorgarlos antes de poner en marcha el programa, es decir, que no debía otorgarlos antes del 18 de febrero.
El argumento del gobierno
Por su parte, el argumento que esgrime la administración Obama, por medio del DOJ, es que las instrucciones de Johnson, basadas en el poder ejecutivo del presidente, son las apropiadas en la medida en que el gobierno estaba en su derecho de decidir que otorgaría permisos de tres años a personas que pidieran la acción diferida por primera vez y a quienes solicitaran la renovación de sus permisos.
Una funcionaria del DHS dijo a La Voz por medio de una declaración escrita que el USCIS dejó de otorgar permisos de tres años después de que, el pasado 16 de febrero, el juez Hanen emitió una decisión por medio de la cual la entrada en vigor del nuevo DACA quedó temporalmente suspendida, algo que el propio DOJ también indicaba en el documento que presentó.
Tanto Greg Abbott, gobernador de Texas, como Dan Patrick, vicegobernador, hicieron esta semana declaraciones de apoyo a Paxton.
Abbott dijo en un comunicado que confía en que “una investigación determine que la administración engañó a propósito o de forma imprudente a una corte federal sobre haber otorgado ilegalmente miles de documentos de amnistía”, mientras que Patrick calificó de “afrentoso e inaceptable” que el gobierno haya otorgado permisos de tres años mientras la acción ejecutiva de Obama está siendo debatida en un proceso legal.
En el lado contrario al de Abbott y Patrick es donde se sitúa la interpretación de los hechos de Charles Foster, un veterano abogado especializado en inmigración radicado en Houston y que es partidario de la acción ejecutiva de Obama.
En declaraciones a La Voz, Foster consideró que en la medida en la que el juez Hanen “dijo específicamente que no va a tocar a aquellos individuos que se beneficiaron previamente de DACA”, en referencia a la versión original del programa, el gobierno estaba en su derecho de otorgar permisos de tres años a las personas que estaban pidiendo la acción diferida por primera vez o como renovación amparándose en los criterios de la versión original del programa.
En cuanto a cuáles son los objetivos de Paxton con la petición que ha hecho a Hanen para que éste abra en el proceso legal un periodo de investigación, una portavoz de la Fiscalía General de Texas explicó a La Voz que, entre otras cosas, quieren averiguar cuántos de los 100,000 permisos han sido otorgados a personas indocumentadas que viven y trabajan en Texas.
Por su parte, el DOJ no atendió una petición de comentario presentada por La Voz.